El escritor portugués y Premio Nobel de Literatura, José Saramago, cree que la violencia machista no acabará hasta que los hombres no reconozcan que el problema es suyo y que son ellos los que tienen que resolverlo.

En un texto al que ha tenido acceso EFE y que será mañana colgado en el blog personal del escritor (blog.josesaramago.org), Saramago lamenta que la violencia contra las mujeres sea uno de los asuntos que menos preocupan a los españoles, pese a que todos los meses "falten dedos" para contar el número de mujeres asesinadas "por quienes se creen sus dueños".

No obstante, Saramago cree que "poco a poco" la sociedad va asumiendo que esta violencia "es un problema de los hombres y que son los hombres los que tienen que resolverlo".

Ejemplos como los de Sevilla o Extremadura, donde hace algún tiempo los hombres se manifestaron contra la violencia, son para Saramago "noticias de un buen ejemplo" porque ya no eran sólo las mujeres "las que salían a la plaza pública protestando contra los continuos malos tratos infringidos por los maridos y compañeros".

"Es el problema de las mujeres, se dice, y eso no es verdad. El problema es de los hombres, del egoísmo de los hombres, del enfermizo sentimiento posesivo de los hombres, de la poquedad de los hombres, esa miserable cobardía que les autoriza a usar la fuerza contra un ser físicamente más débil y al que se le ha ido reduciendo sistemáticamente la capacidad de resistencia psíquica", denuncia.

En el texto, Saramago también recuerda que hace pocos días, en Huelva, varios adolescentes de trece y catorce años violaron a una discapacitada psíquica de su misma edad y que este mismo fin de semana han sido asesinadas una niña en Madrid y una mujer en Toledo, unos hechos que "debían sacar a los hombres a la calle".

"Tal vez cien mil hombres, solo hombres, nada más que hombres, manifestándose en las calles, mientras las mujeres, en las aceras, les lanzan flores, podría ser la señal que la sociedad necesita para combatir, desde su seno y sin demora, esta vergüenza insoportable. Y para que la violencia de género, con resultado de muerte o no, pase a ser uno de los primeros dolores y preocupaciones de los ciudadanos. Es un sueño, es un deber. Puede no ser una utopía"

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Para leer el escrito completo de Saramago pulsa AQUI. Te lo recomiendo de corazón.

Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres (CEDAW), las medidas tomadas por España de 2004 a 2008 para luchar contra ese problema.

Aído, que subrayó que la violencia contra las mujeres en el mundo "sigue siendo una realidad intolerable", repasó ante ese comité de Naciones Unidas los aspectos fundamentales de los avances incorporados en los últimos cinco años a la legislación española.

El Comité de la ONU para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer somete a revisión, hasta el 7 de agosto próximo, los avances registrados en esa materia en once países, entre ellos España.

Durante sus sesiones cada uno de esos países (Azerbaiyán, Bután, Dinamarca, Guinea Bissau, España, Laos, Japón, Liberia, Suiza, Timor Oriental y Tuvalu) presenta el informe de su respectivo gobierno, al que se añaden los comentarios de ONG especializadas en ese área.

La ministra explicó al CEDAW que la primera ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su primer mandato fue la Ley Integral contra la violencia de género que entró en vigor en 2005.

"El objetivo de la ley es prevenir, proteger y asistir adecuadamente a las víctimas, sancionar a los agresores y como meta final, erradicar la violencia de genero", dijo Aído, que también se refirió a aspectos novedosos de esa legislación como el tratamiento judicial integral que conlleva o la creación de juzgados especializados contra la violencia machista, que a finales de 2009 serán 469.

Asimismo explicó que desde la entrada en vigor de esa ley, en 2005, el Gobierno español ha invertido más de 1.000 millones de euros en medidas destinadas a la lucha contra la violencia machista.

Aído señaló que aunque "cada vez se ponen en marcha más medidas y recursos, queda mucho trabajo pendiente hasta conseguir erradicar el maltrato a las mujeres".

Entre esas medidas por realizar, la ministra española de Igualdad se refirió a la necesidad de "intensificar aún más la formación específica a los profesionales de toda índole que atienden a las mujeres, especialmente de jueces y juezas".

"Tenemos que conseguir una mayor concienciación e implicación social", agregó.

La ministra española se refirió también a la Ley de Igualdad efectiva, que prevé la coordinación con organizaciones de mujeres y sociedad civil, y cuya evaluación de dos años presentará el Gobierno español ante el Parlamento en marzo de 2010.

Igualmente se refirió a los planes del Gobierno español ya aprobados, como el de Derechos Humanos (2008), el Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2007) y el integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en vigor desde principios de año.

Aído dijo que el aumento del porcentaje de mujeres contratadas es progresivo desde 2005 y que la tasa de actividad femenina en España es superior al 50%, siendo objetivo de las autoridades de Madrid superar el 60% establecido en las últimas decisiones de la Unión Europea (UE).

En el ámbito internacional, indicó que la presidencia española de la UE (que comenzará el primero de enero de 2010 durante seis meses) hará "de la igualdad, uno de los ejes centrales" de su programa.

En paralelo a la presentación del ministerio de Igualdad, la ONG "Plataforma Impacto de Género YA" presentó el suyo, en el que señala que en los últimos años las mujeres en España han tenido mayor acceso a la formación y al empleo.

El 50% del alumnado universitario siguen siendo mujeres, un grupo de población con 9 millones que han entrado al mercado laboral entre 1983 y 2008, precisa la ONG.

Agrega el documento que aunque también se han creado marcos legales que buscan la igualdad, "persisten los estereotipos de género y la discriminación que se derivan de ellos en todas las facetas de la vida".

Esta ONG señala en su informe al Comité de la ONU que "no obstante, estos avances legislativos no se materializan en avances reales hacia la igualdad".

Considera también que "la implementación de las normas no siempre es la adecuada y su dotación presupuestaria es escasa", además de subrayar que planes de igualdad de oportunidades "no han recibido la atención ni el respaldo financiero adecuados".

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Este 2009 no será el año de la igualdad, como fueron 2007, con la implantación de la Ley, y 2008, con la creación del Ministerio. La crisis le ha robado el protagonismo y tanto el Gobierno como las empresas han fijado sus preocupaciones en otros campos de actuación más urgentes. No obstante, la III Encuesta de Adecco a Mujeres Directivas pretende conocer cuál ha sido la evolución en el seno de las empresas dos años después de la aprobación de la Ley de Igualdad, tiempo suficiente para comprobar si la situación laboral de las mujeres está cambiando en el mundo de los negocios. Las conclusiones se desprenden de la encuesta realizada a 350 mujeres directivas de grandes empresas españolas, pymes y multinacionales.

Por el momento, parece que el porcentaje de empresas que se están adaptando a las nuevas reglas de juego ha crecido con respecto al año pasado. Al menos así lo asegura un 20,8% de las mujeres directivas encuestadas, que dice haber notado algún cambio en su empresa después de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad. Es una cifra aún insatisfactoria, pero dibuja una evolución con respecto al año anterior, cuando tan sólo un 5,2% de ejecutivas afirmaba haber notado algún cambio desde la entrada de la Ley. El 51,9% de las directivas entrevistadas son madres, de las cuales el 25% tiene un solo hijo, el 65% tiene dos, el 5,5% tres y el 4,5% tiene 4 hijos. El hecho de que casi la mitad de las directivas no sea madre provoca que la tasa de fecundidad entre las mujeres con altos cargos sea muy inferior a la media: 0,54 hijos por mujer directiva, frente a 1,3 de media de la mujer española. Este dato podría reflejar las grandes dificultades que tienen las mujeres para poder desarrollar su carrera profesional y al mismo tiempo ser madres. De hecho, un 66% de las encuestadas cree que cada vez existen más casos de mujeres que rechazan promociones por no poder conciliar su vida laboral y personal, es decir, que además del techo de cristal impuesto por la sociedad y el mundo empresarial, se autoimponen uno que llaman de cemento, por el cual tampoco pueden progresar en su carrera profesional.

Según el estudio realizado por Adecco el 45% de esas directivas, sus empresas han implantado ya un Plan de Igualdad y el otro 55% ha desarrollado políticas puntuales de conciliación, equiparación salarial, equidad, etc.

También se ha cumplido un año de la creación del Ministerio de Igualdad y las expectativas sobre su efectividad han caído fuertemente entre las mujeres. El año pasado, un 40% de las directivas opinaba que este ministerio podría suponer un punto de partida para la igualdad de las mujeres y un 27,7% pensaba que iba a ser indiferente. Un año después, sólo un 25% valora como bueno el papel de este organismo y el porcentaje de indiferencia ha crecido hasta el 66,7%, siendo el 8,5% las ejecutivas que valoran como mala su actuación.

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Problema. Si las mujeres que pueden proteger a sus congéneres mas débiles consideran que la labor del Ministerio de Igualdad es una “birria” (debe ser que sólo interesa en crisis la cuenta de resultados contables y el progreso individual, osea, parecerse cuanto puedan a un ¿hombre?…), ¿qué queréis que os diga?…

Un grupo de particulares ha creado el "bebe-Aído", una réplica en plástico de un feto de 12 semanas, que piensa enviar a todos los altos cargos del Ministerio de Igualdad, "todos los diputados y todos los senadores", periodistas y medios de comunicación.

"Queremos que la sociedad española compruebe en sus manos si un bebé de 12 semanas es o no un ser humano que ya tienen cabeza, ojos, brazos, piernas, manos, pies y corazón", ha explicado a EFE la portavoz de la iniciativa, Fátima Navarro-Rubio, portavoz de bebe-Aido.com.

El muñeco, de poco más de cinco centímetros de largo, pretende ser la respuesta a las declaraciones de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, del pasado 19 de mayo cuando aseguró que un feto de 13 semanas "es un ser vivo, pero no un ser humano, porque no existe ninguna base científica de ello".

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La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, expresó hoy su "repulsa" y "condena" por la muerte ayer de una chica de 23 años en Ceuta en manos de su pareja, de 32 años, y pidió la "implicación" de la  ciudadanía en la lucha contra la violencia de género.

   Aído, que participó en uno de los cursos de verano que se desarollan en El Escorial (Madrid), señaló que "cada golpe que recibe una mujer, son golpes que recibe toda la sociedad" y aseguró que "los hombres que maltratan a las mujeres dejan de ser hombres".

   "Las mujeres maltratadas tienen que saber que sobre ellos caerá no sólo todo el peso de la justicia, sino también la repulsa y el rechazo de todos los ciudadanos españoles", indicó la ministra.

   Con el fallecimiento de esta joven ceutí ya son 28 las mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas o ex parejas, según los datos del Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

   Por otro lado, la ministra, preguntada por la incidencia de las denuncias falsas por malos tratos, pidió que quién pueda demostrar el "número" de estas denuncias "que lo haga" y, destacó el "compromiso" del Gobierno, de cara a la Presidencia Española de la UE, contra la violencia de género. "Es una ley que está siendo referente a nivel internacional y es un ejemplo y espejo en el que se miran muchos países europeos", concluyó.

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Hay comportamientos que ocasionan la muerte de terceros que alarman a los ciudadanos y otros, con un número de fallecidos mucho mayor, que les dejan indiferentes. En la cuestión de la violencia de género toda la sociedad está de acuerdo en las medidas adoptadas por la Administración para rebajar el número de mujeres asesinadas por sus parejas. Pero quiero destacar que la cifra de mujeres que pierden la vida a causa de la violencia machista, entre 40 y 60 al año, es ya muy bajo y difícil de rebajar mucho más, teniendo en cuenta las muertes que se dan en otros países de nuestro entorno cultural que en la mayoría superan, en porcentajes respecto a la población total, a las registradas en España. Y eso sin olvidar que el 40% de estos crímenes que se dan aquí corresponden al 12% de extranjeros que habitan entre nosotros.

Otra cuestión es la de los accidentes de tráfico que han llegado a registrar cifras de hasta 3.000 fallecimientos al año. También en esto nuestros políticos han tomado medidas para reducir la siniestralidad en la carretera que, por ahora, están dando buenos resultados. No obstante no parece que alarme tanto la muerte a la semana de veinte o treinta personas como la de una mujer a manos de su pareja o ex pareja. Yo no termino de entenderlo, pues la vida de todas las personas se merecen la misma preocupación.

Si en los temas anteriores el Gobierno ha empleado medios económicos y ha tomado las medidas oportunas para reducir el número de muertes, hay otros dos en los que su desidia y desinterés es fácil de constatar. Uno de ellos es el de las víctimas de accidentes de trabajo. El número de 500 fallecimientos al año multiplica por diez al de mujeres asesinadas por la violencia de género. Luego, por pura lógica y justicia se le debería dedicar diez veces más de atención a este problema. Por el contrario, apenas merece la preocupación de la sociedad y los políticos. El asesinato de una mujer o las víctimas en la carretera en el fin de semana se destacan en la prensa mucho más que la muerte de dos o tres obreros en el trabajo todos los días. Y sin embargo se podría reducir muchísimo la cifra de accidentados si se destinaran más medios a la inspección de los centros de trabajo y unas fuertes sanciones penales, no administrativas, a los empresarios que incumplen las normas de seguridad. Gran culpa de esta situación de desinterés la tienen los sindicatos que parecen más preocupados en las subidas salariales que en la seguridad en el trabajo. ¡Cómo si fuera más importante el dinero que la vida de las personas!

Peor aún es la cuestión de los fallecimientos que se producen entre personas no fumadoras a causa del humo de los consumidores de tabaco. Si tanto nos preocupa, y con razón, el asesinato de una mujer a manos de su pareja, mucho más nos tendría que preocupar el homicidio involuntario (aunque no esté reconocido legalmente), de un número de personas cien veces superior. Habría que dedicar para impedirlo cien veces más de medios de los que se emplean contra la violencia de género. Aunque no sería necesario tanto, ni siquiera habría que prohibir el fumar en determinados lugares. Bastaría con dos medidas muy sencillas. Una sería el poner el precio del tabaco a nivel europeo y, por tanto, subirlo un doscientos o trescientos por cien. (No olvidemos que España es el país de la UE con el tabaco más barato). Con ello se reduciría drásticamente la cifra de fumadores y lo que perdería Hacienda por una menor venta de tabaco se compensaría con creces con el aumento del impuesto y el ahorro de la Seguridad Social.

La segunda medida serían campañas masivas en todos los medios de comunicación para concienciar al fumador de que cada vez que enciende un cigarrillo delante de otros está poniendo un granito de arena en el homicidio de esas personas. ¿Por qué no se publican semanalmente estas muertes como se hace con las de accidentes de tráfico? Tres mil fallecidos al año como fumadores pasivos, algunas fuentes hablan incluso de seis mil, no es un tema como para tomárselo a la ligera, como se viene haciendo desde hace ya mucho tiempo. Ya es el momento de que el Gobierno tome medidas adecuadas a la gravedad del problema, sobre todo ahora que hay conciencia en la sociedad de que esas víctimas de los fumadores se podrían reducir a cero, algo prácticamente imposible en las otras violencias de las que hemos hablado.

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El iluminado que ha dicho esta sarta de despropósitos es Don Salvador Hidalgo, profesor de Ciencias Sociales, licenciado en Derecho y doctor en Historia. Casi na.

Sinceramente, aun no se que contestarle, estoy indignado.

Tiene razón el dicho: “Las comparaciones son odiosas” ¿Qué os parece?

Hola a tod@s

Como estaréis viendo, son varios los cambios que estoy realizando en el blog para darle un nuevo aire.

Sabéis que uno de los temas que periódicamente trato es todo lo relativo a la lacra que sufre nuestro país: la violencia de genero.

Los visitantes asiduos veíais antes una serie de listas con direcciones útiles para aquellas mujeres –y hombres- que se quisieran informar sobre las posibles asociaciones y ayudas que tienen para salir de ese problema. No las he quitado.

Si observáis la columna de la izquierda, he puesto un cuadro en el que tendréis acceso a dichas listas –que renovaré periódicamente- y lo voy a complementar con una carpeta en la que recopilaré legislación y documentos en formato PDF para que podáis descargarlos y estudiarlos con mas calma.

En cuanto a las noticias que publicaba he decidido seguir haciéndolo pero solo aquellas que sean generales, es decir, que afecten a España en su conjunto ya que, por suerte, son muchas las iniciativas que se están realizando por comunidades autónomas e incluso pueblo a pueblo y no tengo tiempo para publicarlas todas y tampoco me parece justo publicar unas de un sitio y olvidar otras. Se que lo entenderéis.

A ver si entre tod@s podemos acabar de una vez con esta pesadilla.

Besos y abrazos.

La regulación actual sobre violencia de género ya está dando lugar a interpretaciones judiciales distintas por parte de los distintos órganos, lo que ocasiona no pocos problemas prácticos.

Ramón Villota Coullaut (abogado, puedes contactar con él aquí.)

Nuevamente se habla de una modificación de la Ley Enjuiciamiento Criminal. En este caso versará sobre las declaraciones de las víctimas y de los testigos en los supuestos de violencia de género. Y ello cuando la regulación actual ya está dando lugar a interpretaciones judiciales distintas por parte de los distintos órganos, lo que ocasiona no pocos problemas prácticos.

Así, el artículo 416 de Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que "están dispensados de la obligación de declarar: 1º. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge,...". Esto nos lleva a que las mujeres víctimas de violencia doméstica pueden acogerse a este derecho a no declarar tanto en sede policial como en sede judicial. En bastantes casos esto implica que lo que ante la policía o la guardia civil es una denuncia, en sede judicial –sea ya en instrucción o en un posterior momento, en el juicio propiamente dicho– se modifique, acogiéndose a su derecho a no declarar contra su pareja para no caer en un delito de falso testimonio.

Bien, pues todo ello da lugar a una serie de problemas prácticos que siguen sin resolverse. En primer lugar, hay juzgados, minoritarios, que entienden que cuando le ley habla de cónyuge no cabe extender esta dispensa a la obligación de declarar a las parejas de hecho, con lo cual les recuerdan a las víctimas su obligación de declarar y que han de ser veraces. Otros juzgados, más numerosos, entienden que las parejas de hecho, si no siguen viviendo juntos, tampoco pueden acogerse a este derecho –lo que es frecuente, ya que se suele solicitar una orden de protección junto a la denuncia–, pero la opinión mayoritaria es la de permitir no declarar a las mujeres víctimas de violencia doméstica si así lo desean.

A día de hoy incluso ha habido interpretaciones judiciales que manifiestan que las mujeres que han denunciado a sus parejas no pueden acogerse a su derecho a no declarar en virtud del citado precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puesto que han sido ellas las que han iniciado los trámites policiales y han dado origen al procedimiento penal, por lo que no tiene sentido que, unos días más tarde, cambien de opinión. Si bien esta cuestión se encuentra sobre la mesa ante una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se parte de la base de que la idea del precepto no era la de otorgar ese derecho a las denunciantes víctimas de violencia doméstica, sino posibilitar que las parejas puedan, en el curso de una investigación judicial, no declarar en contra de sus cónyuges respecto a cualquier otro hecho delictivo que no hayan denunciado ellas mismas.

En cualquier caso, este problema procesal tan práctico, que se produce todos los días en los juzgados y que da lugar a diferentes respuestas judiciales, nos remite a las múltiples dificultades que tiene la violencia doméstica, donde dentro del ámbito penal se están resolviendo cuestiones de índole civil –en relación a la casa, a los hijos o a la situación económica de la pareja–, pero también de carácter afectivo, lo que se traduce en ocasiones en cambios de opinión por parte de quienes no dejan de ser víctimas, pero sin tener clara su situación.

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Un total de 26 mujeres murieron en el primer semestre del año a manos de sus parejas o ex parejas y más de la mitad de ellas no había presentado denuncia previa por maltrato, según las cifras del Ministerio de Igualdad, que reflejan un descenso del número de fallecidas, ya que el 30 de junio de 2008 se computaban 32 asesinatos machistas.

   En concreto, de las 26 fallecidas entre enero y junio de este año, 10 habían presentado denuncia y solicitado una medida cautelar de protección. En uno de los casos, la medida había caducado en el momento del crimen y en otros tres, las víctimas habían renunciado a ella, de forma que fueron 6 las mujeres asesinadas teniendo la orden en vigor.

   Respecto a la nacionalidad de las mujeres, destaca el descenso del porcentaje de extranjeras respecto del total de fallecidas. En el primer semestre del año fueron siete las foráneas asesinadas y supusieron el 26,9 por ciento del total, mientras que al cierre del ejercicio 2008, estas víctimas representaban el 43,5 por ciento.

   La misma proporción registraron los asesinos: la mayor parte (73,1%) son españoles, mientras que los extranjeros, un total de 7, suponen el 26,9 por ciento, según las cifras de Igualdad. Sobre éstos, la estadística refleja además que seis de ellos intentaron suicidarse y otros tres, lo consiguieron.

   Asimismo, los datos del ministerio revelan que cuatro de los criminales tenían más de 64 años en el momento del asesinato, mientras que siete estaban entre los 31 y los 40 años de edad. Además, seis asesinos no habían cumplido los 30 y otros seis, estaban entre los 41 y los 50.

   Sobre la situación en que se encontraban respecto de sus víctimas, 12 de los 26 asesinos convivían con ellas frente a 13 que ya no lo hacían. En total, 15 habían interrumpido ya la relación o estaban en fase de ruptura y 11 aún mantenían ese vínculo con la mujer a la que mataron.

   Por comunidades autónomas, las más castigadas por la violencia de género en esta primera mitad del año han sido Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, con cinco crímenes cada una. Les siguen Canarias y Madrid, con cuatro asesinatos y País Vasco, donde se cometieron dos. Además, Extremadura tuvo que lamentar una víctima.

   Estas cifras podrían variar en función del resultado de las investigaciones abiertas en torno a los asesinatos de una mujer en La Línea de la Concepción (Cádiz) y de la joven sevillana Marta del Castillo. Ambos crímenes no han sido catalogados como de violencia machista en espera de que se esclarezcan los hechos.

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La presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia contra la mujer, María Tardón, y la fiscal delegada de la Fiscalía de Madrid para la sección de la violencia de género, Teresa Peramato, se mostraron ayer de acuerdo con la no consideración como violencia de género de las agresiones entre los miembros de una pareja homosexual.

Tal y como indicaron, la violencia de género es «muy específica» y se refiere sólo «a la que ejerce el hombre contra la mujer». El resto, como la que se da en relaciones homosexuales o entre padres e hijos responde «a una figura específica, que es la de la violencia doméstica». Así lo indicaron en una rueda de prensa en el marco del Seminario 'Políticas de mujer: talento femenino y corrección de la desigualdad de oportunidades' de la UIMP,

Reforma legal

Además, Peramato defendió una reforma legal que evite que las víctimas de violencia de género o doméstica estén exentas de declarar, ya que, en ocasiones, ello se convierte «en una garantía de impunidad» para el agresor.

Peramato opinó que sería necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para excluir del derecho a no declarar contra su pareja a las víctimas de delitos de violencia de género o doméstica. Tardón explicó que la víctima de violencia de género «no es como otras víctimas», puesto que «no sólo justifica a su agresor, sino que se siente culpable».

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El Colegio de Abogados de Oviedo desarrollará en Avilés a partir de mañana martes un curso de especialización para abogados del turno de violencia de género. El seminario se desarrollará en el Centro de Servicios Universitarios con una duración de nueve horas.

   El curso dará comienzo a las 17.00 horas de mañana con una ponencia de la jefe de la Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer, que hablará de las medidas de protección integral contra la violencia de género. Asimismo, Marián Moreno Llaneza, profesora de lengua y literatura del instituto de Corvera y experta en coeducación pronunciará una conferencia titulada 'Nos enseñan que matar mujeres es normal', seguida del magistrado-juez titular del juzgado de primera instancia nº 7 de Avilés, Joaquín Colubi Mier, que hablará sobre orden de protección.

   El miércoles le tocará el turno al fiscal de violencia de género del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Gabriel Bernal, que abordará los problemas prácticos que se plantean en la aplicación de los tipos penales básicos en la violencia de género. La abogada del Centro Asesor de la Mujer de Avilés, Rosa Elena García, tratará sobre los medios y recursos técnicos adecuados para la recuperación de las víctimas.

   El curso concluirá el 16 de junio con la intervención de la psicóloga del Centro Municipal de la Mujer de Avilés, María Noemí Arbesú, que abordará las causas y razones para la perdurabilidad de la mujer en las relaciones de violencia. La abogada María Victoria Carbajal Fernández tratará sobre las recomendaciones de actuación procesal en violencia de género y el abogado Alejandro Riera sobre los derechos laborales de las víctimas.

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Una pequeña solución al post anterior…

La Fiscalía de Violencia Doméstica y de Género del Principado calificó de "preocupante" el hecho de que de 376 diligencias tramitadas, 80 son víctimas menores de 30 años de edad. Estos datos "reflejan que los patrones o modelos que están en la base de la violencia de género arraigan también en buena medida en generaciones jóvenes".

El fiscal de Violencia Doméstica y de Género del Principado, Gabriel Bernal, hizo públicos hoy estos datos en la presentación de la Memoria de la fiscalía.

El ministerio público aboga por la necesidad de "redoblar" y mantener "sostenida e interrumpidamente" el esfuerzo educativo en la infancia y juventud, como herramienta clave para la formación de personas que asuman a incorporen los valores y principios que permitan la disminución relevante y apreciable de las conductas violentas sobre la mujer en nuestra sociedad.

"No es ésta una labor que deba fiarse solo al ámbito escolar sino a la sociedad en su conjunto, dentro de la cual la institución familiar, los medios de comunicación y los diversos agentes sociales deben tener una papel protagonista. Sin el compromiso y la implicación de toda la sociedad, se antoja difícil el éxito en la lucha contra la violencia sobre la mujer", señaló Bernal.

También en relación con la edad de las víctimas el fiscal destacó que cinco de las víctimas eran menores de edad, siendo los agresores mayores de edad pero de una acusada juventud. En estos hechos resulta llamativo, no solo la concurrencia en los implicados de la relación personal típica, cuanto la temprana edad en que se realizan las conductas violentas.

DENUNCIAS

El Juzgado de Oviedo recibió 757 denuncias de violencia doméstica y de género, 519 lo fueron por la propia víctima. De todos los procedimientos penales tramitados en el Juzgado de Oviedo, 376 fueron diligencias urgentes, 315 diligencias previas. En este sentido, frente a 257 víctimas que ostentaban nacionalidad española 119 eran de otras nacionalidades.

Por otra parte, es remarcable el número de causas iniciadas de oficio en virtud de partes de asistencia médica o de servicios de asistencia, que totalizaron 150, y no por denuncia de las víctimas.

Y en esta misma línea se sitúa el número de casos en que la víctima se muestra contraria a la continuación del procedimiento, en número total de 117 solo en el Juzgado de Oviedo, cifra sin duda muy elevada, lo que refleja la complejidad del problema de la violencia sobre la mujer en el ámbito de la relación familiar o de pareja y la consiguiente dificultad de la persecución de este tipo de conductas delictivas.

Esta cuestión se ha convertido, en suma, según el fiscal, en algo de recurrente tratamiento en memorias, seminarios y estudios sobre la materia, como expresión de la importancia que tiene la víctima como fuente de prueba en la investigación de estas infracciones.

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Durante 2008 no se tramitaron diligencias de investigación en Fiscalía que tuvieran por objeto hechos delictivos de violencia de género. Se mantiene por tanto la tendencia de años anteriores.

La posible explicación del hecho de que muy sean escasas, o incluso inexistentes como en el año considerado, las denuncias directamente presentadas ante el Fiscal, fue ya tratada en la memoria del año 2007, donde concluía la mayor ventaja que generalmente representa para este tipo de infracciones la formulación de denuncia ante la Policía, especialmente cuando se trata de delitos menos graves, por la canalización de la tramitación de la causa por los cauces del juicio rápido.

La investigación por el Fiscal encuentra su mayor virtualidad y eficacia en los casos de conductas de violencia habitual en los que la víctima es reacia a denunciar, orientándose aquélla a la búsqueda de medios de prueba complementarios que permita formular posterior denuncia con fundamento y garantías de prosperidad.

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Lamentablemente sigo echando “mierda” sobre mi tejado… Pero aporto una solución a este problema: educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,……….

Por si se me ha olvidado algún detalle: educación desde el principio, desde la mas tierna infancia, para niños y niñas (los padres involucrados indudablemente)…

¿Lo veré antes de palmar….? :-(

• El Ministerio dice que esta competencia está transferida al Principado
• El Gobierno de Asturias precisa que es Justicia quien debe suspenderlo
• El Observatorio contra la Violencia de Género espera que se abra expediente

El Ministerio de Justicia ha abierto una investigación para aclarar si un médico forense de Asturias participa en el reconocimiento de mujeres maltratadas pese a estar apartado de este servicio desde 2005 a raíz de las denuncias presentadas por asociaciones contra la violencia doméstica.

El diario EL MUNDO asegura que uno de los médicos forenses que evalúa a las víctimas de violencia de género en Asturias tiene dictadas contra él dos órdenes de alejamiento por acoso telefónico y vejaciones injustas a dos mujeres en dos lugares distintos de España.

Fuentes del departamento que dirige Francisco Caamaño han confirmado que el Ministerio ha abierto una investigación exhaustiva para esclarecer todas las circunstancias de este caso y, si procede, adoptar las medidas oportunas "con toda contundencia".

Justicia no tiene constancia de la existencia de dichas órdenes de alejamiento, pero sí de dos procedimientos en marcha relacionados con este médico forense, quien -a instancias del Ministerio- fue apartado de las funciones de evaluación mujeres maltratadas en julio de 2005, después de que se recibieran varias denuncias de colectivos en defensa de las mujeres maltratadas.

Competencias

No obstante, el Ministerio recuerda que las competencias en materia de Justicia, departamento del que dependen los especialistas forenses, estántransferidas a Asturias desde el pasado mes de enero, por lo que tendrá que delimitarse la actuación de cada administración.

En cualquier caso, el Ministerio de Justicia está investigando si se han incumplido las órdenes dictadas en 2005 y el médico sigue participando en los procesos de reconocimiento a víctimas de violencia de género para adoptar las medidas oportunas.

Por su parte, el Gobierno asturiano ha precisado que es la administración de Justicia la que tiene que apartar de su cometido al médico forense.

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ha recalcado que el alejamiento de este profesional de su actual cometido tiene que partir de una orden judicial, ya que la administración no tiene competencias para ello, y ha explicado que se está a la espera de que concluya el trámite en los tribunales.

Por medio de un comunicado, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de Asturias ha puntualizado que desde la asunción de competencias en materia de Justicia por parte del Gobierno del Principado, el 1 de enero de 2009, se han realizado las gestiones necesarias "para evitar que esta persona realice reconocimientos a mujeres víctimas de violencia de género, de tal forma que el servicio forense se organice sin que esta persona intervenga en este tipo de asuntos".

Además, añade que en abril pasado se abrió una investigación administrativa interna sobre este asunto en la que se incluyó la información requerida a los juzgados de Gavá (Cataluña) y Mondoñedo (Galicia), que tramitan los procesos judiciales en los que esta persona se encuentra imputada.

Por último, agrega que las conclusiones de este informe se han remitido recientemente a la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, ha dicho que espera que el Ministerio de Justicia abra expediente disciplinario, si es que no lo ha hecho ya, sobre el forense.

Montalbán también quiso destacar la gravedad del caso, ya que "evidentemente, el médico forense es un personal muy importante porque es quien dictamina si hay lesiones físicas o psicológicas o si hay posible riesgo de agresión".

De este modo, consideró que "si un profesional que interviene en un juzgado de violencia está inmerso en un proceso penal por malos tratos contra la mujer, se generan dudas y se cuestiona la imparcialidad, la preparación y la objetividad de ese profesional". Explicó que en estos casos "la Ley prevé que el Ministerio de Justicia debe depurar si hay responsabilidad disciplinaria".

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Como me jode que esto pase en mi casa… Y los políticos como siempre, tuya, mía, cabecita y gol… Patético.

Los expertos creen que habría que proporcionar ayuda psicológica a las víctimas desde el mismo momento en que denuncian los malos tratos para evitar que se echen atrás

Una de cada seis mujeres que presentaron el año pasado denuncias por malos tratos contra sus parejas o ex parejas renunció a seguir adelante con los procesos judiciales. Así consta en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la violencia de género correspondientes al año 2008 en la provincia de Sevilla, en las que se pone de manifiesto que 1.077 mujeres retiraron sus denuncias sobre los 6.294 expedientes que se presentaron en total a lo largo del año.

Esta memoria diferencia incluso si las mujeres que renunciaron eran españolas o extranjeras. Entre las primeras, fueron 931 las que optaron por no seguir adelante, mientras que entre las segundas hubo 146. Este dato es especialmente revelador y demuestra que los casos de violencia de género son más frecuentes entre los extranjeros, dado que la población inmigrante en la provincia de Sevilla sigue representando un porcentaje muy exiguo del total de los habitantes y apenas sobrepasa el 3%.

El elevado número de renuncias de mujeres no sorprende a los expertos. La presidenta de la Asociación de mujeres víctimas de delitos (Amuvi), Pilar Sepúlveda, explicó que hay varios factores que llevan a la mujer a adoptar esta decisión, entre los que destacó la "dependencia psicológica y anímica de la mujer respecto a su maltratador, que le hace promesas de cambio y de que todo va a ser diferente si retira la denuncia". También hay factores de tipo socio-familiar, cuando desde su entorno más próximo se aconseja a la maltratada "que no le deje" y económicos, sobre todo en aquellos casos en los que el maltratador es el principal sósten de la economía familiar.

La coordinadora del turno de Violencia de Género del Colegio de Abogados, Mariana Gómez Espinosa, subraya que muchas mujeres presentan una "inestabilidad psicológica" a la hora de afrontar la ruptura tras la denuncia, "muchas se sienten culpables de la situación y creen que retirando la denuncia pueden evitar que empeore".

Pilar Sepúlveda habla incluso de la "propia dinámica judicial" como uno de los factores que influyen en el elevado número de retiradas de denuncias, puesto que "lo primero que le dicen a una mujer cuando llega al juzgado es si ratifica la denuncia y si la víctima ya iba con dudas, es posible que se eche atrás con mucha facilidad". Muchas mujeres que llegan a Amuvi pidiendo asesoramiento plantean si van a lograr una orden de protección, algo que estiman crucial antes de seguir adelante con la acusación.
Mariana Gómez explica que cuando la víctima se acoge a su derecho a no declarar, la Fiscalía, en la mayoría de los casos, "no continúa con la acusación porque se queda sin prueba".

Sepúlveda aconseja a las mujeres que, antes de tomar la decisión de retirar la denuncia, "consulten con los profesionales del Servicio de Asistencia a las Víctima (SAVA) o del Instituto Andaluz de la Mujer para que conozcan a que se arriesgan cuando se echan atrás".
Para la coordinadora del turno de Violencia de Género se podría evitar la retirada de muchas denuncias si "desde el momento en el que una mujer se decide a dar el paso y denunciar a su agresor, se le proporciona una ayuda psicológica de forma inmediata", señaló Mariana Gómez.

Las estadísticas del CGPJ reflejan que los juzgados de Violencia de Género de Sevilla recibieron el año pasado 10.365 asuntos de malos tratos, lo que supone una media superior a los 28 casos diarios. Esta cifra también significa un aumento considerable con relación a los datos del año anterior, 2007, ejercicio que se cerró con 9.247 expedientes. Traducido a porcentajes, los casos de violencia de género atendidos en los juzgados sevillanos crecieron en casi un 12% entre un año y otro. Además, a lo largo de 2008 fueron resueltos 10.070 -aquí constan los que estaban pendientes de años anteriores- y quedan todavía por resolver 3.661.
De todos estos asuntos, hubo 4.811 que fueron calificados como delitos, por lo que se consideran especialmente graves. Llama la atención que el año se cerrara sin homicidios, sobre todo cuando en la temporada anterior hubo tres mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas. La mayoría de los casos calificados como delitos correspondieron a lesiones, con 3.566 asuntos. En este capítulo se incluyen únicamente las agresiones físicas sufridas por las mujeres por parte de sus cónyuges.

Otras 449 denuncias fueron por delitos contra la libertad, 428 contra la integridad moral, 29 contra los derechos y deberes familiares y 13 contra la libertad sexual. Los casos menos graves, los que fueron tipificados como faltas, fueron 401. De ellos, 202 correspondieron a injurias y 147 a vejaciones injustas, entre otros.

En Sevilla se solicitaron 1.383 órdenes de protección, de las que se concedieron 857 y se denegaron 526. La inmensa mayoría de ellas (98,9%) fueron pedidas por la propia víctima, mientras que el resto lo fueron por el Ministerio Fiscal o fueron acordadas por el juzgado de oficio. 43 de estas órdenes consistieron en privación de libertad, 122 en salidas de domicilio, 904 en alejamientos de la víctima y sus hijos y 914 en incomunicaciones. Un dato curioso es el de las 65 personas a las que se les suspendió temporalmente el permiso para portar armas. De todas estas medidas preventivas, se detectaron 134 incumplimientos y 69 quebrantamientos de condena. Esto significa que más de un 15% de los maltratadores no respetaron las medidas cautelares de protección decretadas por los juzgados y se acercó a las víctimas.

En cuanto a las condenas, las estadísticas del CGPJ especifican que se enjuiciaron a 495 personas, de las que 493 eran hombres y sólo dos mujeres. Entre los primeros hubo 301 condenados, de los que 286 eran españoles y los 15 restantes extranjeros. Fueron 192 los absueltos, lo que supone un porcentaje que ronda el 40%. Es decir, aproximadamente seis de cada diez hombres que se enfrentan a denuncias de violencia de género son condenados. En el caso de las mujeres, una fue condenada y la otra quedó absuelta.

En cuanto al origen de las denuncias, la gran mayoría, un 64,8%, entraron en los juzgados procedentes de atestados policiales después de que las víctimas comunicaran las agresiones en las comisarías de la Policía Nacional y los cuarteles de la Guardia Civil. 18 de cada cien casos tuvieron su origen en los partes de lesiones remitidos al juzgado por los centros médicos que atendieron a las víctimas, mientras que en otro 12% fueron las mujeres maltratadas las que se personaron directamente en los juzgados.

Por último, un 4% de los casos se iniciaron por intervención directa de la Policía sin que mediara antes una denuncia. En estos datos se aprecia cómo todavía es muy bajo el porcentaje de terceras personas que denuncia los casos de violencia de género. Sólo un 0,7% del total de asuntos gestionados comenzaron a raíz de la comunicación de algún familiar de la víctima al juzgado o a la Policía.
También puede apuntarse un perfil del maltratador y su relación con la víctima. El 35,29% de las denuncias fueron presentadas por mujeres que sufrían malos tratos por parte de sus cónyuges y un 13,22 por parte de sus ex cónyuges. Otro 25,45% de las víctimas mantenían una relación afectiva con sus agresores, mientras que el 26,03 restante fueron atacadas por sus ex novios. Los juzgados elevaron 691 causas a los órganos penales y a la Audiencia para su enjuiciamiento. De ellas, 116 fueron juicios rápidos, cuatro con preso y el resto con el acusado en libertad.

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El juez archiva el caso y cree que la mujer se autolesionó

Un Juzgado de Violencia Doméstica de Sevilla ha archivado la causa abierta contra un hombre que pasó 11 meses en la cárcel por ocho denuncias de malos tratos presentadas por su ex mujer y que ahora se ha demostrado que son falsas. El hombre (cuyas iniciales son J. A. S. B. y tiene 39 años) salió de prisión en abril del año pasado, cuando llegó al juez un informe forense que advertía de la falta de credibilidad de la supuesta víctima, aunque la mujer siguió denunciando agresiones y amenazas de su ex marido.

El juez ha archivado ahora el caso y ha deducido testimonio por un presunto delito de denuncia o acusación falsa contra la mujer, Raquel Valle, de 32 años.

La pareja, que tiene dos hijos, se separó en septiembre de 2000. En los últimos tres años, Valle ha acudido a varios platós de televisión y periódicos locales de Sevilla para dar detalles del infierno en el que aseguraba que se había convertido su vida. Según contaba, los golpes empezaron la noche de bodas (en 1995) y se sucedieron durante 13 años.

"Antes lo mato yo a él, no quiero ser un número más de la estadística de mujeres asesinadas", advirtió en alguna ocasión. En sus declaraciones ante las cámaras de televisión decía haber presentado más de un centenar de denuncias, aunque sólo ocho fueron admitidas a trámite.

Según explica el juez en el auto por el que archiva la causa, algunas de las agresiones denunciadas no pudo cometerlas el ex marido porque, según varios testigos, esos días estaba fuera de Sevilla. En otras ocasiones se ha descartado su autoría porque el día de los hechos estaba en prisión.

La decisión judicial se basa también en el informe forense elaborado tras una de las supuestas agresiones y que recoge que "todas las lesiones están situadas en la cara anterior del cuerpo, zonas accesibles" para la mujer.

Además, según ese mismo informe, las heridas que presentaba en el cuello "son difícilmente producidas en una situación de forcejeo" y las del antebrazo y muslo son paralelas, lo que también indica que "difícilmente" pueden ser fruto de una situación violenta "en la que dos personas se están moviendo continuamente y mantienen posiciones diferentes".

El análisis forense concluía que "no se puede descartar la característica autolesiva de las lesiones descritas". Un informe de la Unidad de Valoración Integral del daño especializada en violencia de género dio también cuenta del "escaso grado de verosimilitud" de las denuncias. Su ex marido ha anunciado que presentará una demanda por daños y perjuicios, ya que cuando estuvo en la cárcel perdió el trabajo y le ha costado encontrar otro.

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Hay que tener especial cuidado con estos casos. Una mujer despechada no sólo intentará hacer el mayor daño posible al que fue su pareja sino que también hace daño a mujeres que si sufren realmente el maltrato haciendo que un velo de duda cubra esos casos.

El grupo de Amnistía Internacional (AI) Valencia ha puesto en marcha una campaña contra la violencia de género, en la que 12  humoristas gráficos, colaboradores de la revista ´El Jueves´, han cedido sus dibujos en los que lanzan mensajes contra esta problema. Las ilustraciones se han publicado en dos carpetas de edición limitada que estarán a la venta en la Fnac y en Futurama, y cuya recaudación se destinará íntegramente a financiar esta campaña, denominada ´No más violencia contra las mujeres´.

Los artistas que han donado sus obras a la organización para la campaña contra la violencia de género son Bernardo Vergara, Guillermo, Lalo Kubala, Miguel Brieva, Darío, Avanti, Pablo Velarde, Mauro Entrialgo, Manel Fontdevila, Pallarés, Monteys, Pedro Vera y Agreda.

La presidenta de Amnistía Internacional en la Comunitat Valenciana, Carmen Soto, afirmó que "la violencia contra las mujeres es un escándalo para la dignidad humana, pero también un reto para la defensa de los derechos humanos, porque vivir sin peligro es un derecho universal, no un privilegio".

Al respecto, Soto denunció que "la violencia contra las mujeres es un problema universal que afecta a miles de mujeres y niñas, se produce en todos los grupos sociales, etnias y culturas, y es una práctica cotidiana en tiempos de paz y, por supuesto, en tiempos de guerra".

En este sentido, la presidenta de la organización en la Comunitat criticó que "en el hogar y en la comunidad, las mujeres nos enfrentamos a graves problemas contra nuestros derechos humanos fundamentales, que a su vez afectan a nuestra capacidad para ejercer nuestros derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales".

Las investigaciones de Amnistía Internacional denuncian cómo la lucha por los derechos humanos de las mujeres corre peligro, sobre todo en los últimos tres años, por la creciente militarización y la introducción de nuevas agendas de seguridad para combatir el terrorismo, según informaron las mismas fuentes.

Soto explicó que "con el inicio de esta campaña, Amnistía Internacional hizo público el informe ´Está en nuestras manos, no más violencia contra las mujeres´ que revela las múltiples causas de esta violencia.

La presidenta de la organización en la Comunitat advirtió que "está en nuestra manos acabar con la violencia de las mujeres, que no se erradicará a no ser que la denunciemos y la persigamos". Así, ha matizado que las autoridades e instituciones deben garantizar la seguridad de las mujeres "promoviendo leyes para protegerlas tanto en el campo de batalla como en el dormitorio, eliminado todo tipo de discriminación y persiguiendo esa impunidad" además de promover "el compromiso personal como el que han adquirido los artistas que han colaborado en este proyecto".

Por su parte, el dibujante Lalo Kubala señaló que la idea de participar en esta iniciativa les pareció interesante por la "contradicción" que supone que "sea nuestro género mayoritariamente el causante de la violencia de las mujeres" ya que "cerca del 95% de los dibujantes de tebeos somos hombres" por lo que consideraron acertado hablar "de los derechos de las mujeres" desde "la óptica del humor".

Amnistía Internacional presentará en público el próximo domingo 14 de mayo, a las 19.00 horas, en el Forum de la Fnac San Agustín, las serigrafías que estos artistas de ´El Jueves´ han realizado para esta campaña, así como la emisión del documental ´Defendiendo mujeres, defendiendo derechos´, que trata sobre las defensoras de los derechos humanos de las mujeres.

Las ilustraciones, que estarán a la venta en el Fnac y el Futurama, tendrán un precio en función de la cantidad de ejemplares. La carpeta con 6 serigrafías serán 70 euros y 120 euros, con las 12 serigrafías completas. La recaudación se destinará a la financiación de la campaña ´No más violencia contra las mujeres´, según fuentes de Amnistía Internacional.

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Representantes de más de 50 organizaciones de mujeres guatemaltecas unieron hoy sus voces a la denuncia de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género de España para pedir el fin de los feminicidios en el país centroamericano.

El encuentro, que tuvo lugar en Ciudad de Guatemala, inauguró el programa de actos que la Plataforma tiene previsto desarrollar, desde hoy y hasta el próximo martes, día 12, para reclamar la atención internacional sobre los violentos asesinatos de mujeres que se comenten con total impunidad.

Más de 4.300 mujeres fueron asesinadas violentamente entre 2000 y 2008 en Guatemala, según datos ofrecidos por el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), desde el que se subraya, además, que en el 98 por ciento de los casos denunciados no se obtiene justicia penal.

En la existencia de esa impunidad, que contribuye a perpetuar los actos de violencia contra las mujeres, coincidieron todas las organizaciones representadas en el encuentro, entre las que se encontraban la Unión Nacional de Asociaciones de Mujeres de Guatemala (UNAMG), el Sector de Mujeres y la Red de la No Violencia.

"No estamos solas, estamos juntas en esta lucha" o "por la vida de las mujeres, ni una muerte más", fueron algunos de los lemas que las participantes corearon insistentemente a lo largo de la reunión en la que explicaron a la delegación española las principales causas de los asesinatos.

"El feminicidio es el resultado de problemas estructurales no resueltos, del machismo y del patriarcado que culturalmente existe en nuestro país", señaló Cecilia Álvarez, de la Red de la No Violencia.

En su intervención, Álvarez destacó también el crecimiento de la crueldad y la saña con las que se cometen los asesinatos, cuando los que las mujeres sufren, antes de morir, vejaciones, violaciones y torturas.

"Algunas, incluso, son descuartizadas, y después se reparten sus miembros por distintos lugares, lo que supone, además, un mensaje de intimidación para el resto de las mujeres", dijo.

La escasa coordinación entre la Policía y el ministerio público y la insuficiencia técnica en la investigación de los crímenes hacen muy difícil el trabajo de estas mujeres, que sin embargo, van consiguiendo, poco a poco, materializar proyectos hace un tiempo impensables.

Algunos de esos logros fueron expuestos en voz alta ante los representantes del Congreso de la República, donde la Plataforma de Mujeres Artistas de España ejerció de portavoz de las organizaciones guatemaltecas.

Junto a ellas, estuvieron presentes en el Salón del Pueblo las diputadas de Guatemala Maura Estrada Mansilla, primera secretaria de Junta Directiva del Congreso, y Delia Back, presidenta de la Comisión de la Mujer, quienes subrayaron las leyes destinadas a mejorar la situación de sus congéneres.

Enumeraron, entre otras, la Ley de Violencia Intrafamiliar, vigente desde 1997; la Ley contra el Feminicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, recientemente aprobada; y la Ley contra la Trata de Personas.

Además, en el periodo comprendido entre 2008 y 2009, el Congreso de Guatemala ha aprobado la validez de la prueba de paternidad mediante un análisis de ADN y la ley del Sida, entre otras cuestiones importantes.

Sobre el trabajo de las diputadas guatemaltecas tuvo palabras de elogio el presidente de la Institución, José Roberto Alejos, a quienes las representantes de la Plataforma española le pidieron la creación de un Observatorio contra la Violencia de Género tal y como el que existe en España.

"Le dejamos, además, las propuesta de las mujeres de su país, unas mujeres que son un referente para el mundo", indicó Cristina del Valle, presidenta de la Plataforma.

Horas después, las organizaciones femeninas compartieron experiencias en un emotivo encuentro en la ciudad colonial de Antigua.

Allí se recordó el conflicto armado en el que se vio envuelto el país durante 36 años, y que acabó con cerca de 500.000 víctimas de asesinatos, masacres, violaciones y desapariciones forzadas.

Recuperar su memoria y castigar a los culpables de aquellas atrocidades es otro de los objetivos de las asociaciones de mujeres guatemaltecas, en su incesante lucha por conseguir igualdad, paz y justicia.

ADN

Son muchas y anónimas. Una y otra vez, los telediarios sacan a la luz espeluznantes casos de mujeres maltratadas en ese hogar que ya no es tan dulce. Las escritoras españolas Ángeles Caso, Espido Freire, Rosa Regas, Eugenia Rico y Lourdes Ventura dirigen su particular mirada contra el miedo. La palabra contra el silencio.

'5x2=9' son cinco relatos sentidos que nacen del dolor de sus autoras, cinco mujeres de distintas edades y clases sociales que sufrieron maltratos y vejaciones por parte de sus parejas, y los cinco retratos que trazan las escritoras de sus protagonistas. La última de ellas no sobrevivió, de ahí el título de este particular libro.

Lo más importante es que estas historias "nos acercan el drama, un drama que nos duele pero que entendemos como ajeno, y al leerlo lo hacemos propio. Esa es la mejor fuente de conocimiento y solidaridad", dijo Regas durante la presentación del libro.

Todas las autoras destacaron la estremecedora dureza de las entrevistas que realizaron "con la cara del dolor", pero también la lección de fuerza y entereza que obtuvieron de las víctimas. Una de ellas, Olga, lo ilustró con su presencia: "El libro me ha servido para confirmar que de la violencia se puede salir: han sido muchos años, pero del maltrato se sale, y ya no me duele el hablar de ello", declaró con voz emocionada.

Su historia es la de una mujer valiente que, tras 16 años junto a "un maltratador alcohólico y drogadicto", decidió hacer las maletas, llevarse a sus hijos y desaparecer para empezar de nuevo. A otras, como Mariquilla, el dolor les ha impedido hacerlo.

"Hay personas que van a estar heridas de por vida", dijo Freire. "Al terminar la entrevista, tuve la sensación de que a ella ya no se la podía salvar", recordó. "Pero me pidió que rescatara a la niña que fue feliz", y que a veces todavía se asoma.

Sobrecogedor es también el relato de Alejandro, el hijo de Mari Carmen, que fue asesinada por su pareja cuando el pequeño apenas tenía dos años. Las traumáticas heridas que brotaron cuando se enteró de la verdad y la obligación de convivir con la persona que le arrebató a su madre todavía no le han abandonado, pero ahora por fin se siente capaz de buscarla.

Ayudar a prevenir los "amores tóxicos", a combatir el miedo y el silencio y a liberar a esas mujeres del peso que la mochila que el pasado carga a sus espaldas son los objetivos de este libro, que dice "no" a la tolerancia del maltrato.

A lo largo del año pasado se registraron en España 400 denuncias diarias. Una cifra que "preocupa, pero que también llena de esperanza", pues son 400 mujeres que deciden "decir basta y poner fin a esa espiral de violencia", destacó la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. Por eso, añadió, "no podemos fallarles a esas 400 mujeres diarias, ni como instituciones ni como sociedad".

El Mundo