El Colegio de Abogados de Oviedo desarrollará en Avilés a partir de mañana martes un curso de especialización para abogados del turno de violencia de género. El seminario se desarrollará en el Centro de Servicios Universitarios con una duración de nueve horas.

   El curso dará comienzo a las 17.00 horas de mañana con una ponencia de la jefe de la Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer, que hablará de las medidas de protección integral contra la violencia de género. Asimismo, Marián Moreno Llaneza, profesora de lengua y literatura del instituto de Corvera y experta en coeducación pronunciará una conferencia titulada 'Nos enseñan que matar mujeres es normal', seguida del magistrado-juez titular del juzgado de primera instancia nº 7 de Avilés, Joaquín Colubi Mier, que hablará sobre orden de protección.

   El miércoles le tocará el turno al fiscal de violencia de género del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Gabriel Bernal, que abordará los problemas prácticos que se plantean en la aplicación de los tipos penales básicos en la violencia de género. La abogada del Centro Asesor de la Mujer de Avilés, Rosa Elena García, tratará sobre los medios y recursos técnicos adecuados para la recuperación de las víctimas.

   El curso concluirá el 16 de junio con la intervención de la psicóloga del Centro Municipal de la Mujer de Avilés, María Noemí Arbesú, que abordará las causas y razones para la perdurabilidad de la mujer en las relaciones de violencia. La abogada María Victoria Carbajal Fernández tratará sobre las recomendaciones de actuación procesal en violencia de género y el abogado Alejandro Riera sobre los derechos laborales de las víctimas.

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Una pequeña solución al post anterior…

La Fiscalía de Violencia Doméstica y de Género del Principado calificó de "preocupante" el hecho de que de 376 diligencias tramitadas, 80 son víctimas menores de 30 años de edad. Estos datos "reflejan que los patrones o modelos que están en la base de la violencia de género arraigan también en buena medida en generaciones jóvenes".

El fiscal de Violencia Doméstica y de Género del Principado, Gabriel Bernal, hizo públicos hoy estos datos en la presentación de la Memoria de la fiscalía.

El ministerio público aboga por la necesidad de "redoblar" y mantener "sostenida e interrumpidamente" el esfuerzo educativo en la infancia y juventud, como herramienta clave para la formación de personas que asuman a incorporen los valores y principios que permitan la disminución relevante y apreciable de las conductas violentas sobre la mujer en nuestra sociedad.

"No es ésta una labor que deba fiarse solo al ámbito escolar sino a la sociedad en su conjunto, dentro de la cual la institución familiar, los medios de comunicación y los diversos agentes sociales deben tener una papel protagonista. Sin el compromiso y la implicación de toda la sociedad, se antoja difícil el éxito en la lucha contra la violencia sobre la mujer", señaló Bernal.

También en relación con la edad de las víctimas el fiscal destacó que cinco de las víctimas eran menores de edad, siendo los agresores mayores de edad pero de una acusada juventud. En estos hechos resulta llamativo, no solo la concurrencia en los implicados de la relación personal típica, cuanto la temprana edad en que se realizan las conductas violentas.

DENUNCIAS

El Juzgado de Oviedo recibió 757 denuncias de violencia doméstica y de género, 519 lo fueron por la propia víctima. De todos los procedimientos penales tramitados en el Juzgado de Oviedo, 376 fueron diligencias urgentes, 315 diligencias previas. En este sentido, frente a 257 víctimas que ostentaban nacionalidad española 119 eran de otras nacionalidades.

Por otra parte, es remarcable el número de causas iniciadas de oficio en virtud de partes de asistencia médica o de servicios de asistencia, que totalizaron 150, y no por denuncia de las víctimas.

Y en esta misma línea se sitúa el número de casos en que la víctima se muestra contraria a la continuación del procedimiento, en número total de 117 solo en el Juzgado de Oviedo, cifra sin duda muy elevada, lo que refleja la complejidad del problema de la violencia sobre la mujer en el ámbito de la relación familiar o de pareja y la consiguiente dificultad de la persecución de este tipo de conductas delictivas.

Esta cuestión se ha convertido, en suma, según el fiscal, en algo de recurrente tratamiento en memorias, seminarios y estudios sobre la materia, como expresión de la importancia que tiene la víctima como fuente de prueba en la investigación de estas infracciones.

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Durante 2008 no se tramitaron diligencias de investigación en Fiscalía que tuvieran por objeto hechos delictivos de violencia de género. Se mantiene por tanto la tendencia de años anteriores.

La posible explicación del hecho de que muy sean escasas, o incluso inexistentes como en el año considerado, las denuncias directamente presentadas ante el Fiscal, fue ya tratada en la memoria del año 2007, donde concluía la mayor ventaja que generalmente representa para este tipo de infracciones la formulación de denuncia ante la Policía, especialmente cuando se trata de delitos menos graves, por la canalización de la tramitación de la causa por los cauces del juicio rápido.

La investigación por el Fiscal encuentra su mayor virtualidad y eficacia en los casos de conductas de violencia habitual en los que la víctima es reacia a denunciar, orientándose aquélla a la búsqueda de medios de prueba complementarios que permita formular posterior denuncia con fundamento y garantías de prosperidad.

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Lamentablemente sigo echando “mierda” sobre mi tejado… Pero aporto una solución a este problema: educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,educación, educación,……….

Por si se me ha olvidado algún detalle: educación desde el principio, desde la mas tierna infancia, para niños y niñas (los padres involucrados indudablemente)…

¿Lo veré antes de palmar….? :-(

• El Ministerio dice que esta competencia está transferida al Principado
• El Gobierno de Asturias precisa que es Justicia quien debe suspenderlo
• El Observatorio contra la Violencia de Género espera que se abra expediente

El Ministerio de Justicia ha abierto una investigación para aclarar si un médico forense de Asturias participa en el reconocimiento de mujeres maltratadas pese a estar apartado de este servicio desde 2005 a raíz de las denuncias presentadas por asociaciones contra la violencia doméstica.

El diario EL MUNDO asegura que uno de los médicos forenses que evalúa a las víctimas de violencia de género en Asturias tiene dictadas contra él dos órdenes de alejamiento por acoso telefónico y vejaciones injustas a dos mujeres en dos lugares distintos de España.

Fuentes del departamento que dirige Francisco Caamaño han confirmado que el Ministerio ha abierto una investigación exhaustiva para esclarecer todas las circunstancias de este caso y, si procede, adoptar las medidas oportunas "con toda contundencia".

Justicia no tiene constancia de la existencia de dichas órdenes de alejamiento, pero sí de dos procedimientos en marcha relacionados con este médico forense, quien -a instancias del Ministerio- fue apartado de las funciones de evaluación mujeres maltratadas en julio de 2005, después de que se recibieran varias denuncias de colectivos en defensa de las mujeres maltratadas.

Competencias

No obstante, el Ministerio recuerda que las competencias en materia de Justicia, departamento del que dependen los especialistas forenses, estántransferidas a Asturias desde el pasado mes de enero, por lo que tendrá que delimitarse la actuación de cada administración.

En cualquier caso, el Ministerio de Justicia está investigando si se han incumplido las órdenes dictadas en 2005 y el médico sigue participando en los procesos de reconocimiento a víctimas de violencia de género para adoptar las medidas oportunas.

Por su parte, el Gobierno asturiano ha precisado que es la administración de Justicia la que tiene que apartar de su cometido al médico forense.

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ha recalcado que el alejamiento de este profesional de su actual cometido tiene que partir de una orden judicial, ya que la administración no tiene competencias para ello, y ha explicado que se está a la espera de que concluya el trámite en los tribunales.

Por medio de un comunicado, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de Asturias ha puntualizado que desde la asunción de competencias en materia de Justicia por parte del Gobierno del Principado, el 1 de enero de 2009, se han realizado las gestiones necesarias "para evitar que esta persona realice reconocimientos a mujeres víctimas de violencia de género, de tal forma que el servicio forense se organice sin que esta persona intervenga en este tipo de asuntos".

Además, añade que en abril pasado se abrió una investigación administrativa interna sobre este asunto en la que se incluyó la información requerida a los juzgados de Gavá (Cataluña) y Mondoñedo (Galicia), que tramitan los procesos judiciales en los que esta persona se encuentra imputada.

Por último, agrega que las conclusiones de este informe se han remitido recientemente a la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, ha dicho que espera que el Ministerio de Justicia abra expediente disciplinario, si es que no lo ha hecho ya, sobre el forense.

Montalbán también quiso destacar la gravedad del caso, ya que "evidentemente, el médico forense es un personal muy importante porque es quien dictamina si hay lesiones físicas o psicológicas o si hay posible riesgo de agresión".

De este modo, consideró que "si un profesional que interviene en un juzgado de violencia está inmerso en un proceso penal por malos tratos contra la mujer, se generan dudas y se cuestiona la imparcialidad, la preparación y la objetividad de ese profesional". Explicó que en estos casos "la Ley prevé que el Ministerio de Justicia debe depurar si hay responsabilidad disciplinaria".

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Como me jode que esto pase en mi casa… Y los políticos como siempre, tuya, mía, cabecita y gol… Patético.

El maltrato a los progenitores cometido por menores ha crecido vertiginosamente - Casi la mitad es obra de chicas

Pegar al padre ya no es algo inconcebible e inaudito, el acto monstruoso, blasfemo y antinatural que viola los mandamientos humanos y divinos del "honrarás a tu padre y a tu madre". Niños y adolescentes han empezado a levantar la mano a sus progenitores (a su madre preferentemente) y, en muy poco tiempo, el delito de maltrato a los padres, antes irrelevante a efectos estadísticos, ha adquirido visos de epidemia. Durante 2008, las Fiscalías de Menores abrieron en España más de 4.200 expedientes por agresiones de hijos a padres, frente a los 2.683 incoados el año anterior. No todas las denuncias dan lugar a la apertura de expedientes judiciales -muchas se archivan tras el ejercicio de las labores de mediación-, y hay que pensar que por cada padre que acusa formalmente a su vástago, habrá otros que se resisten a dar ese paso.

"Cuando los padres denuncian es porque han llegado a una situación límite. Se sienten doblemente avergonzados por tener que pedir que se actúe contra sus hijos y porque la denuncia misma les parece la constatación de un fracaso", indica Consuelo Madrigal, fiscal de Menores del Tribunal Supremo. Las estadísticas constatan, asimismo, un espectacular incremento de chicas que pegan a sus madres y también chicas que pegan a otras chicas. "En el maltrato a los padres, los géneros están ya casi a la par, cuando hace pocos años ése era un delito abrumadoramente masculino", se inquieta la fiscal.

Otro dato de preocupación añadida es que los maltratadores adolescentes reproducen fatalmente el modelo machista, por mucho que hayan estudiado en colegios mixtos y se les suponga aleccionados en los valores de la libertad y la igualdad. La gran mayoría de estos chavales, de edades entre los 14 y los 18 años -en la legislación española, los menores de 14 años no pueden ser imputados, cometan el delito que cometan-, pasan por jóvenes normales y poco conflictivos. De hecho, por lo general, no cometen más delitos que sojuzgar, vejar y pegar a sus padres... y a sus novias.

Como ocurre con la violencia de género, el maltrato a los padres atraviesa todas las estructuras sociales, aunque, en este caso, se concentre, especialmente, en los hogares de las clases medias. Se equivocan, pues, quienes piensan en niños surgidos de la marginación social, pero aciertan quienes ven en las familias desestructuradas un factor de riesgo. "Algunos de estos chicos han sido testigos de malos tratos conyugales o han padecido directamente las agresiones paternas. Cuando llegan al 1,75 o al 1,80 de altura y pueden palparse los músculos, sienten en la sangre la tentación de la venganza", apunta el director de Justicia Juvenil de Cataluña, Jordi Sansó.

Pero, la pregunta del porqué de este estallido sigue en pie, admitida la transmisión intergeneracional de traumas y conductas y establecido que la familia es, a veces, la primera patología a tratar. ¿Qué está pasando para que niños y adolescentes que antes se fugaban del hogar opten por quedarse en casa a tiranizar a sus progenitores? ¿Y para que los padres que antes expulsaban del hogar a sus hijos díscolos o depravados ocupen hoy el papel de víctimas? La respuesta prácticamente unánime de los encargados de encauzar la violencia de los menores es que hemos sustituido el modelo autoritario del "ordeno y mando" por una práctica permisiva y sin límites, igualmente nefasta a efectos educativos.

"El principio de autoridad se ha debilitado y ni la sociedad ni la familia han sabido establecer otros valores y límites. Las agresiones a los padres y la violencia de género aumentan porque nos estamos equivocando gravemente en la educación", advierte José Vidal, médico y director de la cárcel de Morón de la Frontera. "La mayoría de los menores delincuentes surgen en un modelo permisivo e indulgente que genera niños individualistas y hedonistas, incapaces de aceptar la frustración", explica Ana Rodríguez, pedagoga del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. "Como el modelo autoritario de familia no ha sido sustituido por un modelo alternativo verdaderamente educativo, muchos padres no saben qué deben hacer con sus hijos, más allá de transmitirles los afectos. Detectamos con frecuencia un problema de ausencia de la figura paterna, bien porque la pareja se haya separado, porque se trata de una familia monoparental o porque el padre o la madre se inhiben o están muy ocupados en el trabajo", afirma la fiscal Consuelo Madrigal.

Según los psicólogos sociales, a eso habría que añadir el declive de la figura del padre que, a menudo, no encuentra su lugar en un cuadro de relaciones familiares más desdibujadas y horizontales. José Chamizo, Defensor del Menor de Andalucía, cree que hay "un creciente desquiciamiento colectivo" reflejado en la crueldad mostrada por los menores implicados en casos como los de Sandra Palo, Marta del Castillo o el de la indigente quemada en Barcelona. Contra las opiniones de tantas voces que testimonian en sentido contrario: "Yo también me entretengo con los videojuegos y no por eso...", y restan consecuencia a las imágenes violentas, él está convencido de que la "violencia de contexto", la omnipresencia de la agresividad en los medios de comunicación y entretenimiento y en los mensajes publicitarios, tiene una incidencia clara. No es el único. También su colega, Arturo Canalda, Defensor del Menor de Madrid, sostiene que la violencia ambiental influye, "aunque no sea el detonante del problema". A su juicio, hay que prestar particular atención a esos chicos que "pasan muchas horas solos en casa, delante de la televisión, viendo cómo las situaciones más terribles se presentan como si formaran parte de la normalidad. Todo influye en los comportamientos", subraya, "también esa cosa aparentemente tan tonta de la serie de tarde en la que gente se insulta como si nada".

El jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Guadalajara, David Huertas, asegura que estos juicios tienen un fundamento científico. "Se ha demostrado que las imágenes violentas activan el área del cerebro que fomenta la agresión. La sobreexposición a estas señales hacen bajar las defensas frente a la violencia, de forma que su utilización tiende a considerarse normal". Autor del libro Violencia: la gran amenaza, el profesor Huertas habla de una sociedad hipotecada a un modelo económico y social agresivo que habría acabado por pervertir los sistemas de valores y que amenaza con devolvernos al "todos contra todos" descrito por Hobbes en su Leviatán.

El cibersadismo, la filmación y difusión de las agresiones gratuitas, el incremento del maltrato doméstico y escolar practicado por menores serían "la piedra de toque" de esta evolución general que, por lo visto, encuentra tierra abonada en nuestro país. Tras recordar que la OMS declaró en 2002 que la violencia en el mundo se ha convertido en un problema de salud pública, el psiquiatra subraya que las sociedades modernas no cuentan con protocolos para detener esta pandemia. "Tenemos que volver a la educación en valores, a socializar en la convivencia y el respeto", resume.

Con todo, el diagnóstico del problema en España está lejos de la situación apocalíptica que retratan las voces que piden rebajar la edad penal, situada actualmente en los 14 años. "La estadística provisional de 2008 desmiente que haya aumentado la participación de los menores en homicidios y asesinatos y muestra que el incremento de sus conductas delictivas se circunscribe únicamente al maltrato doméstico y a los delitos contra la libertad sexual", destaca Consuelo Madrigal. "Eso de que están aumentando los delitos graves cometidos por menores es un mito. No hay correspondencia entre los datos disponibles y la percepción que tiene la opinión pública", confirma Jaime Tapia, magistrado de la Audiencia Provincial de Álava, y ratifica Manuel Garramiola, director del Centro de Reforma de Menores de Medina Zahara.

De acuerdo con los informes fiscales, durante el pasado año, los delitos dolosos con lesiones cometidos por menores se redujeron a 16.400, los robos violentos y con fuerza cayeron hasta los 8.700 y 8.200, respectivamente, al tiempo que disminuyeron, igualmente las sustracciones de vehículos de motor y el tráfico de drogas. Si la suma global de delitos protagonizados por menores superó los 55.000 anuales es porque la estadística de 2008 incorporó 4.400 expedientes abiertos por conducir sin carné, conducta no considerada hasta entonces delictiva.

A la sensación de peligrosidad de los menores contribuyen las bandas de ladrones formadas por niños de edades inferiores a los 14 años dirigidas y explotadas por el crimen organizado. "Los reclutan en las poblaciones marginales. En Rumania, pagan a los padres 2.000 euros a cambio de que les cedan el niño por unos meses. Los traen a España y los ponen a delinquir, desde la seguridad de que no pueden ser imputados penalmente. Tenemos pequeños que han sido detenidos y puestos en libertad ciento y pico veces", explican en la Fiscalía de Menores. En Cataluña, los menores delincuentes que se inician en el delito antes de los 14 años vienen a suponer el 9%.

La pregunta que políticos, columnistas, fiscales y jueces formulan últimamente con particular insistencia es de si habría que rebajar nuevamente la edad penal (antes estuvo en 16 años) y la respuesta general de los especialistas es que no, de ninguna manera. "Lo que tenemos que hacer, y ya estamos haciendo, no es detener y castigar a Oliver Twist (personaje infantil de la novela de Dickens), sino a los criminales mafiosos que los explotan y les destrozan la vida", subraya Jordi Sansó. "No es razonable cambiar la ley del Menor por cuatro casos que pueda haber. Un chico de 16 o 17 años puede ser condenado a pasar 10 años en un centro de internamiento y un adulto autor de un delito de homicidio a 12 años de cárcel", afirma el Fiscal Coordinador de Menores de Barcelona, Juan José Márquez. "Subjetivamente, la pena es más dura para el menor porque, a esas edades, un año de vida es una enormidad. Además", añade, "hay que tener en cuenta que la infracción es casi consustancial a la maduración de las personas. El 90% de los menores cometen algún hurto, un chantaje, una amenaza... Más que nada, eso forma parte del proceso de socialización urbano", indica.

Quienes tratan directamente el problema aseguran que el sistema de justicia juvenil funciona. Según ellos, la reinserción, objetivo explícito de la Ley del Menor, se cumple en más del 80% de los casos. "Hay psicópatas que tienden a reincidir y chicos que parecen incurables, pero son poquísimos. Si esto fuera una empresa, alardearíamos de los resultados", apunta Juan José Márquez con una chispa de ironía. Fiados a su experiencia, todos piensan que el encierro de los menores debe ser la alternativa última, que lo que conviene es aplicar tratamientos individualizados y, en lo posible, evitar las "prisiones de niños".

No parece, pues, que la consigna de "más Estado penal", aplicada a los menores, pueda ejercer de antídoto contra el desafecto, el abandono, la permisividad extrema, el hedonismo, el consumismo y la anomía del "prohibido prohibir", ni que pueda impedir, por tanto, la gestación dentro del hogar de personalidades explosivas de efectos retardados.

Los expertos creen que habría que proporcionar ayuda psicológica a las víctimas desde el mismo momento en que denuncian los malos tratos para evitar que se echen atrás

Una de cada seis mujeres que presentaron el año pasado denuncias por malos tratos contra sus parejas o ex parejas renunció a seguir adelante con los procesos judiciales. Así consta en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la violencia de género correspondientes al año 2008 en la provincia de Sevilla, en las que se pone de manifiesto que 1.077 mujeres retiraron sus denuncias sobre los 6.294 expedientes que se presentaron en total a lo largo del año.

Esta memoria diferencia incluso si las mujeres que renunciaron eran españolas o extranjeras. Entre las primeras, fueron 931 las que optaron por no seguir adelante, mientras que entre las segundas hubo 146. Este dato es especialmente revelador y demuestra que los casos de violencia de género son más frecuentes entre los extranjeros, dado que la población inmigrante en la provincia de Sevilla sigue representando un porcentaje muy exiguo del total de los habitantes y apenas sobrepasa el 3%.

El elevado número de renuncias de mujeres no sorprende a los expertos. La presidenta de la Asociación de mujeres víctimas de delitos (Amuvi), Pilar Sepúlveda, explicó que hay varios factores que llevan a la mujer a adoptar esta decisión, entre los que destacó la "dependencia psicológica y anímica de la mujer respecto a su maltratador, que le hace promesas de cambio y de que todo va a ser diferente si retira la denuncia". También hay factores de tipo socio-familiar, cuando desde su entorno más próximo se aconseja a la maltratada "que no le deje" y económicos, sobre todo en aquellos casos en los que el maltratador es el principal sósten de la economía familiar.

La coordinadora del turno de Violencia de Género del Colegio de Abogados, Mariana Gómez Espinosa, subraya que muchas mujeres presentan una "inestabilidad psicológica" a la hora de afrontar la ruptura tras la denuncia, "muchas se sienten culpables de la situación y creen que retirando la denuncia pueden evitar que empeore".

Pilar Sepúlveda habla incluso de la "propia dinámica judicial" como uno de los factores que influyen en el elevado número de retiradas de denuncias, puesto que "lo primero que le dicen a una mujer cuando llega al juzgado es si ratifica la denuncia y si la víctima ya iba con dudas, es posible que se eche atrás con mucha facilidad". Muchas mujeres que llegan a Amuvi pidiendo asesoramiento plantean si van a lograr una orden de protección, algo que estiman crucial antes de seguir adelante con la acusación.
Mariana Gómez explica que cuando la víctima se acoge a su derecho a no declarar, la Fiscalía, en la mayoría de los casos, "no continúa con la acusación porque se queda sin prueba".

Sepúlveda aconseja a las mujeres que, antes de tomar la decisión de retirar la denuncia, "consulten con los profesionales del Servicio de Asistencia a las Víctima (SAVA) o del Instituto Andaluz de la Mujer para que conozcan a que se arriesgan cuando se echan atrás".
Para la coordinadora del turno de Violencia de Género se podría evitar la retirada de muchas denuncias si "desde el momento en el que una mujer se decide a dar el paso y denunciar a su agresor, se le proporciona una ayuda psicológica de forma inmediata", señaló Mariana Gómez.

Las estadísticas del CGPJ reflejan que los juzgados de Violencia de Género de Sevilla recibieron el año pasado 10.365 asuntos de malos tratos, lo que supone una media superior a los 28 casos diarios. Esta cifra también significa un aumento considerable con relación a los datos del año anterior, 2007, ejercicio que se cerró con 9.247 expedientes. Traducido a porcentajes, los casos de violencia de género atendidos en los juzgados sevillanos crecieron en casi un 12% entre un año y otro. Además, a lo largo de 2008 fueron resueltos 10.070 -aquí constan los que estaban pendientes de años anteriores- y quedan todavía por resolver 3.661.
De todos estos asuntos, hubo 4.811 que fueron calificados como delitos, por lo que se consideran especialmente graves. Llama la atención que el año se cerrara sin homicidios, sobre todo cuando en la temporada anterior hubo tres mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas. La mayoría de los casos calificados como delitos correspondieron a lesiones, con 3.566 asuntos. En este capítulo se incluyen únicamente las agresiones físicas sufridas por las mujeres por parte de sus cónyuges.

Otras 449 denuncias fueron por delitos contra la libertad, 428 contra la integridad moral, 29 contra los derechos y deberes familiares y 13 contra la libertad sexual. Los casos menos graves, los que fueron tipificados como faltas, fueron 401. De ellos, 202 correspondieron a injurias y 147 a vejaciones injustas, entre otros.

En Sevilla se solicitaron 1.383 órdenes de protección, de las que se concedieron 857 y se denegaron 526. La inmensa mayoría de ellas (98,9%) fueron pedidas por la propia víctima, mientras que el resto lo fueron por el Ministerio Fiscal o fueron acordadas por el juzgado de oficio. 43 de estas órdenes consistieron en privación de libertad, 122 en salidas de domicilio, 904 en alejamientos de la víctima y sus hijos y 914 en incomunicaciones. Un dato curioso es el de las 65 personas a las que se les suspendió temporalmente el permiso para portar armas. De todas estas medidas preventivas, se detectaron 134 incumplimientos y 69 quebrantamientos de condena. Esto significa que más de un 15% de los maltratadores no respetaron las medidas cautelares de protección decretadas por los juzgados y se acercó a las víctimas.

En cuanto a las condenas, las estadísticas del CGPJ especifican que se enjuiciaron a 495 personas, de las que 493 eran hombres y sólo dos mujeres. Entre los primeros hubo 301 condenados, de los que 286 eran españoles y los 15 restantes extranjeros. Fueron 192 los absueltos, lo que supone un porcentaje que ronda el 40%. Es decir, aproximadamente seis de cada diez hombres que se enfrentan a denuncias de violencia de género son condenados. En el caso de las mujeres, una fue condenada y la otra quedó absuelta.

En cuanto al origen de las denuncias, la gran mayoría, un 64,8%, entraron en los juzgados procedentes de atestados policiales después de que las víctimas comunicaran las agresiones en las comisarías de la Policía Nacional y los cuarteles de la Guardia Civil. 18 de cada cien casos tuvieron su origen en los partes de lesiones remitidos al juzgado por los centros médicos que atendieron a las víctimas, mientras que en otro 12% fueron las mujeres maltratadas las que se personaron directamente en los juzgados.

Por último, un 4% de los casos se iniciaron por intervención directa de la Policía sin que mediara antes una denuncia. En estos datos se aprecia cómo todavía es muy bajo el porcentaje de terceras personas que denuncia los casos de violencia de género. Sólo un 0,7% del total de asuntos gestionados comenzaron a raíz de la comunicación de algún familiar de la víctima al juzgado o a la Policía.
También puede apuntarse un perfil del maltratador y su relación con la víctima. El 35,29% de las denuncias fueron presentadas por mujeres que sufrían malos tratos por parte de sus cónyuges y un 13,22 por parte de sus ex cónyuges. Otro 25,45% de las víctimas mantenían una relación afectiva con sus agresores, mientras que el 26,03 restante fueron atacadas por sus ex novios. Los juzgados elevaron 691 causas a los órganos penales y a la Audiencia para su enjuiciamiento. De ellas, 116 fueron juicios rápidos, cuatro con preso y el resto con el acusado en libertad.

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El juez archiva el caso y cree que la mujer se autolesionó

Un Juzgado de Violencia Doméstica de Sevilla ha archivado la causa abierta contra un hombre que pasó 11 meses en la cárcel por ocho denuncias de malos tratos presentadas por su ex mujer y que ahora se ha demostrado que son falsas. El hombre (cuyas iniciales son J. A. S. B. y tiene 39 años) salió de prisión en abril del año pasado, cuando llegó al juez un informe forense que advertía de la falta de credibilidad de la supuesta víctima, aunque la mujer siguió denunciando agresiones y amenazas de su ex marido.

El juez ha archivado ahora el caso y ha deducido testimonio por un presunto delito de denuncia o acusación falsa contra la mujer, Raquel Valle, de 32 años.

La pareja, que tiene dos hijos, se separó en septiembre de 2000. En los últimos tres años, Valle ha acudido a varios platós de televisión y periódicos locales de Sevilla para dar detalles del infierno en el que aseguraba que se había convertido su vida. Según contaba, los golpes empezaron la noche de bodas (en 1995) y se sucedieron durante 13 años.

"Antes lo mato yo a él, no quiero ser un número más de la estadística de mujeres asesinadas", advirtió en alguna ocasión. En sus declaraciones ante las cámaras de televisión decía haber presentado más de un centenar de denuncias, aunque sólo ocho fueron admitidas a trámite.

Según explica el juez en el auto por el que archiva la causa, algunas de las agresiones denunciadas no pudo cometerlas el ex marido porque, según varios testigos, esos días estaba fuera de Sevilla. En otras ocasiones se ha descartado su autoría porque el día de los hechos estaba en prisión.

La decisión judicial se basa también en el informe forense elaborado tras una de las supuestas agresiones y que recoge que "todas las lesiones están situadas en la cara anterior del cuerpo, zonas accesibles" para la mujer.

Además, según ese mismo informe, las heridas que presentaba en el cuello "son difícilmente producidas en una situación de forcejeo" y las del antebrazo y muslo son paralelas, lo que también indica que "difícilmente" pueden ser fruto de una situación violenta "en la que dos personas se están moviendo continuamente y mantienen posiciones diferentes".

El análisis forense concluía que "no se puede descartar la característica autolesiva de las lesiones descritas". Un informe de la Unidad de Valoración Integral del daño especializada en violencia de género dio también cuenta del "escaso grado de verosimilitud" de las denuncias. Su ex marido ha anunciado que presentará una demanda por daños y perjuicios, ya que cuando estuvo en la cárcel perdió el trabajo y le ha costado encontrar otro.

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Hay que tener especial cuidado con estos casos. Una mujer despechada no sólo intentará hacer el mayor daño posible al que fue su pareja sino que también hace daño a mujeres que si sufren realmente el maltrato haciendo que un velo de duda cubra esos casos.